Estertores: el Gobierno está a punto de caer

Han sido muchos los escándalos que ha protagonizado el Gobierno de Pedro Sánchez, y en todas estas ocasiones se ha especulado con su caída, por ser un gobierno que desde el principio tuvo extremada debilidad. El caso de la tesis plagiada, las dimisiones de dos ministros en menos de tres meses de gobierno, la filtración de una vergonzante conversación entre la ministra de Justicia y el excomisario Villarejo… Pero ahí ha seguido. Sin embargo, se ha entrado en un punto de inflexión que me hace pensar, con una certeza puramente racional, que no de corazonada, que el Gobierno está a punto de caer. Hay tres factores que, a día de hoy, hacen que apueste porque en un plazo extremadamente breve caerá el Gobierno: el escándalo del mediador/relator, las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado, y el juicio de la rebelión catalana. Estas son las cuestiones más importantes pero sobre ellas pesa también la gran presión de la oposición (que a mi juicio debería culminar con una moción de censura para ser total) y la población, vista en la multitudinaria manifestación del domingo, y las fracturas dentro del propio Consejo de Ministros.

Pero comencemos por lo más importante, por nuestros tres jinetes apocalípticos, que más que tres separados son una hidra de tres cabezas: relator, presupuestos y juicio.

Cuando la vicepresidenta Carmen Calvo —ya famosa por su división jekyllheydiana de su líder entre el presidente Sánchez y el señor don Pedro— anunció en el Senado el pasado martes que habría un mediador/relator/coordinador en la «mesa de partidos» — ese ente paralelo que trata de suplantar el papel de instituciones en las que, en palabras de la consejera catalana de Presidencia, Elsa Artadi, «el independentismo está en minoría» —, la tierra comenzó a revolverse. La figura de un relator, propia de las misiones de las Naciones Unidas en conflictos de descolonización, ha movilizado a la sociedad (y al Partido Socialista) como nunca antes durante el tiempo de gobierno. En ocho meses, esta ha sido la primera vez que se ha podido podido hablar, sin el argumento de la exageración partidista, de una concesión al margen de la legalidad al independentismo. Porque no se sostenía decir que que miembros del Gobierno apostasen por el fin de la prisión preventiva o por elevar a Cataluña al rango de nación fuera una concesión que atentara contra el orden constitucional. La prueba de ello: los históricos socialistas, durmientes hasta ahora, se mantuvieron silenciosos en su receloso letargo.

Pero la aceptación de una mesa de partidos y de un relator ha sido la gota que ha colmado el vaso. Ha sido la primera concesión que verdaderamente a puesto en riesgo el orden constitucional. La mesa de partidos es un organismo al que se sientan los grupos independentistas, el PSC y En Comú Podem, cada uno con dos representantes — luego obviándose por completo el respaldo que estas opciones políticas puedan tener entre los votantes, que es, por cierto, minoritaria. La figura del relator ha servido no solo para demostrar la ineficacia e ineptitud de la Sra. Calvo —que dijo «relator» para evitar decir «mediador» sin saber las connotaciones que la palabra «relator» tiene en la diplomacia—, sino que además ha dinamitado el silencio en el que estaba gran parte del PSOE no sanchista. El caso del relator ha evidenciado que el Gobierno, a pesar de sus palabras y afirmaciones, siempre ha estado dispuesto a tratar a la Generalidad como un Estado independiente con el que Reino de España tiene una disputa. El estatus de bilateralidad estatal que Pedro Sánchez ha otorgado a Joachim Torra es ya indiscutible.

Concesión de semejante calado solamente puede explicarse como el último as en la manga del presidente para conseguir que Esquerra Republicana (ERC) retirara su enmienda a la totalidad a los Presupuestos de 2019 y evitar que el PDeCAT presentara la suya. Esta maniobra desesperada por conseguir que se iniciara la tramitación de las cuentas generales apunta a que en al Ejecutivo lo atormenta la certeza de que sin Presupuesto no se puede agotar la Legislatura. En Moncloa han debido de descartar la posibilidad de gobernar con los Prepuestos de Mariano Rajoy porque si no, no habrían aceptado elevar la cuestión catalana a la categoría de conflicto internacional a riesgo, como ha sucedido, de derribarse ellos mismos. 

Ahora es cuando viene la gran pregunta: ¿por qué el Gobierno, a través de la sapientísima Sra. Calvo y con la pésima excusa de que «el Govern solo quiere la autodeterminación», la ruptura el viernes? El caso es que esa ruptura está evidentemente teatralizada porque en el documento que desde Moncloa se envía a Cataluña para proseguir las negociaciones, tanto la mesa de partidos como el relator se mantienen en pie. En mi opinión, el motivo de la ruptura es el siguiente: el independentismo antepone la autodeterminación, que siempre se ha sabido inasumible para el Gobierno, y su agenda más dura tras airear Torra las veintiún exigencias del 20 de diciembre de 2018 para forzar al Gobierno a recular; el Gobierno, sin embargo, continúa dispuesto a pactar, razón por la cual no se retraen de su máxima concesión, la del relator, que hubiera sido la manera de formalizar la ruptura. La situación es una en la que el Gobierno continúa dispuesto al apaciguamiento pero en la que al independentismo le interesa la confrontación.

El cambio de postura del independentismo, al que últimamente se creía más controlado por ERC y por tanto más propenso a la moderación, se debe a que el martes 12 de febrero comienza el juicio a los líderes independentistas que promovieron la rebelión contra el Estado promulgando leyes de desconexión los días 6 y 7 de septiembre de 2017, el referéndum ilegal del 1 de octubre y la declaración de independencia. A pesar de que al independentismo le pueda interesar más un gobierno de izquierdas que dependa de sus apoyos, como el de Sánchez, que un posible gobierno de coalición entre Pablo Casado y Albert Rivera, como el que seguro saldrá de unas elecciones generales, tanto ERC como PDeCAT están vendidos a las masas independentistas para mantener el poder en Cataluña. Y para esas masas radicalizadas y jaleadas tanto por los Comités de Defensa de la República como por el piromaníaco Joachim Torra, el juicio a los líderes, a los «presos políticos» en torno a los cuales han construido todo su relato, es la piedra angular de su existencia. Ese proceso judicial es todo su argumento para calificar al país de Estado represor y dictatorial.

Por ello, los partidos políticos independentistas, que han hecho suyo ese relato —creándolo y promoviéndolo—, no pueden aparecer como conniventes de ese supuesto Estado tiránico por pura coherencia. A la sociedad independentista ya no se le puede vender la mayor inversión para Cataluña, como la prometida en el Presupuesto de 2019, ni el mayor número de competencias, que es lo que aún puede mover a los sectores moderados del independentismo (una independencia de facto). A esa sociedad arrojada al precipicio por sus propios líderes solo le vale la independencia. Tanto ERC como PDeCAT no pueden permitirse el aparecer ante sus futuros votantes como aquellos que insuflan con vida (presupuestaria) al gobierno del Estado represor. De haberse dado la cuestión presupuestaria en, digamos, noviembre, sin duda alguna habría habido Presupuesto. Pero con el juicio y la tramitación de las cuentas separados por menos de veinticuatro horas, el apoyo independentista es imposible porque la supervivencia del relato independentista, que es lo que está en juego, es más importante para ERC y PDeCAT que un gobierno de derechas.

Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, el miércoles 6 de febrero en rueda de prensa extraordinaria anunciando las funciones de la figura del relator en la mesa de partidos.

El juicio marcará también un antes y un después en la actitud de los independentistas hacia Sánchez. Durante estos ocho meses pueden argumentar que han estado intentando presionarle para que interviniera en el juicio o lo parase de alguna manera; ahora que el juicio comienza, el independentismo tiene la necesidad de presentar a Sánchez como un dirigente más del inquisitorial Estado español. Las relaciones parlamentarias serán, con toda probabilidad, mucho peores a partir de ahora, lo que herirá de muerte a la mayoría con la que Pedro Sánchez ha estado gobernando. A ello se sumarán los compromisos de muchos miembros del Gobierno en lo que respecta a la duración de la Legislatura sin Presupuestos: la ministra de Hacienda ya apuntó a un adelanto electoral, como lo hizo la Sra. Calvo diciendo, en forma de advertencia a los independentistas, que sin Presupuestos el tiempo se acababa.

Existe además, una fractura muy honda en el Consejo de Ministros a raíz del asunto del relator. Carmen Calvo se ha convertido una figura únicamente apoyada por el presidente aéreo y por la ministra de los presupuestos descalabrados, María Jesús Montero (Hacienda). Josep Borrell resumió con un «cosas de la vicepresidenta» su posición respecto al relator. José Luis Ábalos no es conocido por ser un gran apoyo de Calvo. Hasta la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, recela de ella por cómo ha acaparado las negociaciones con Cataluña, que eran su responsabilidad. El Partido también tiembla ante la posibilidad de que la política de un presidente que solo vela por su persona lo termine de rematar.

Lo cierto es que Sánchez se lo ha jugado todo con la figura del relator. Esperaba que este órdago le consiguiera los Presupuestos y hasta la solución de la cuestión catalana. Pero lo ha perdido y con terribles consecuencias: ha despertado al PSOE crítico hasta hoy durmiente en su mayoría, le ha partido el Consejo de Ministros, ha provocado que la gente se eche a la calle y puede que (si Casado es hábil) hasta le haya puesto una moción de censura en el horizonte. Por todas estas razones me atrevo a afirmar que al Gobierno de Pedro Sánchez le queda poco. Los círculos de protección monclovitas que lo rodeaban se han roto. En breve llegarán los golpes sobre la mesa exigiéndole que disuelva las Cortes antes de que se disuelvan ellos como personas y proyecto políticos.