Pronunciamiento

Lo primero a aclarar es que, contrario a lo que pronunció ayer la portavoz en funciones del Gobierno de España, Isabel Celaá, lo que se produjo en Venezuela no es trata de un golpe de Estado y España no lo puede calificar así. Es imprescindible que la Sra. Celaá matice sus palabras. España reconoció el pasado mes de enero a Juan Guaidó como presidente interino y legítimo de Venezuela tras expirar aquel ultimátum dado a Nicolás Maduro para que convocara elecciones presidenciales libres. El Reino de España solo reconoce como autoridad competente en el país a Guaidó; el hecho de que Maduro continúe ejerciendo el poder de facto no puede dar pie a que España lo siga considerando públicamente como tal. Es el propio Gobierno de España el que está contribuyendo, con su discurso titubeante y apostante por el diálogo en una situación de diálogo imposible, a la supervivencia del régimen de Maduro. España no puede llamarse a un diálogo entre partes cuando se ha reconocido que una tiene legitimidad sobre la otra; no puede, después de reconocerle poder presidenciable a Guaidó, insistirle a Maduro en que convoque elecciones porque entonces se merma la autoridad que pueda tener Guaidó. El Gobierno no puede calificar lo sucedido ayer (ahora entraremos en su denominación) como un golpe de Estado porque, dado que España solo reconoce a Guaidó como presidente, implica que el propio Gobierno venezolano se ha dado un golpe a sí mismo. La política exterior del Gobierno de Pedro Sánchez verdaderamente necesita de una reflexión. Las tácticas titubeantes y los cambios de parecer repentinos le habrán granjeado a Sánchez apoyos electorales y le habrán permitido sortear a sus rivales, pero en el escenario internacional las cosas cambian y adquieren un matiz mucho más sutil y volátil.

Ayer en Venezuela se vivió lo que se denomina pronunciamiento. Pronunciamiento es la palabra que se utilizaba en el siglo XIX para referirse a los levantamientos militares para tomar el poder fáctico del Estado. A día de hoy, un pronunciamiento no es lo mismo que un golpe de Estado. Juan Guaidó se pronunció contra el gobierno ilegítimo de Venezuela y llamó a los venezolanos a combatirlo. No es un golpe de Estado pues no se trata de subvertir el orden constitucional — el golpista, en todo caso, es Nicolás Maduro — si no de recuperar un poder legítimo que se encuentra secuestrado. Guaidó pronuncia sus intenciones y a él se unen los que lo secundan. Es lo que sucedía en el siglo XIX donde el pronunciamiento se producía cuando un grupo considerado garante de la libertad y el poder legítimo denunciaba en un manifiesto los abusos de poder de un ente ahora considerado ilegítimo y llamaban a la población contra él para devolverle el poder a sus legítimos dueños. En Venezuela, la liberación de Leopoldo López (mediante un indulto firmado por Guaidó) y la proclama contra el usurpador hacen las funciones de manifiesto.

Por una combinación de factores entre los que se incluyen la sobreestimación de fuerzas y la descoordinación, el pronunciamiento de Guaidó parece haber fracasado aunque todo puede cambiar en las próximas horas. Leopoldo López se encuentra refugiado en la Embajada española, la base militar de La Carlota no ha caído y la cúpula militar continúa siendo leal al sátrapa de Miraflores. Volveríamos a estar en la casilla de salida si no fuera por un hecho que es imperdonable que el Gobierno español no considere ni legitime: el indulto a Leopoldo López. La forma en la que ha sido liberado este preso político ha sido mediante la expedición de un indulto firmado por el presidente de la República Juan Guaidó. Dicho derecho de gracia fue aceptado por las fuerzas militares y policiales que mantenían a López bajo arresto domiciliario desde hace casi dos años. La aceptación del indulto ha supuesto una legitimación el poder fáctico de Juan Guaidó como presidente y una ruptura formal con el orden jurídico que el régimen de Maduro pretende seguir controlando. La portavoz en funciones debía haber mencionado este hecho ayer durante su rueda de prensa: ha sido trascendental pues supone que la autoridad con la que Maduro reprime al pueblo de Venezuela comienza a ser cuestionada de facto, no solamente de iure.

España perdió ayer una enorme oportunidad de contribuir al saneamiento democrático de Venezuela. La indecisión del Estado se debe podríamos decir a un motivo de estructura: en España no se habla de política exterior, no hay debate maduro sobre cuestiones de diplomacia entre los actores políticos por la extendida ignorancia que hay sobre ellos. No hay un debate ni un discurso claro en la posición de España respecto a estas cuestiones. Saliendo de las opciones populistas (Vox y Podemos) que carecen de política y de discurso de Estado, las dos opciones que hay en España respecto a política exterior son la socialista y la popular, ambas muy poco ponderadas. El socialismo considera, como se vio ayer, que la política exterior se asemeja a la política doméstica española. Ese es el motivo por el que la Sra. Celaá llamaba a las partes a entenderse cuestionando la propia decisión del Gobierno de reconocer a Guaidó, contradiciendo al propio Gobierno en dicho reconocimiento y dando oxígeno a Maduro. El socialismo se mueve una posición táctica, ambigua, idéntica a una negociación entre el Estado y una comunidad autónoma, donde valen medias tintas e inexactitudes para que en la prensa baile un titular que confirme y sancione actitudes favorables. En Venezuela, repito, no hay nada que negociar sin que el Estado español contradiga la doctrina que sentó el pasado enero. España debería haber reconocido el pronunciamiento de Guaidó y haberlo apoyado desde un primer momento, dirigiéndose a los militares indecisos para que se pusieran a las órdenes del presidente y la Asamblea legítimos y cesaran en su rebelión. El Gobierno está llevando a cabo una política (y decir esto es sofisticar muchísimo su posición) de no-intervención: no quiere verse arrastrado a un conflicto quístico en Venezuela ni abrir cuestiones espinosas de política exterior dada la situación de fragmentación parlamentaria (especialmente porque el socio preferencial, Podemos, considera a Guaidó el usurpador y a Maduro el demócrata socialista del siglo XXI). La otra opción es la que enmarca el Partido Popular de Pablo Casado que parece tener una posición reaganiana mucho más intervencionista y a favor de la expansión de valores democráticos. Es una posición delicada y compleja ya que la expansión forzada de la democracia puede en muchos casos, como se vio en Irak, contribuir una desestabilización mayor de la zona y al auge de males mayores como son las anocracias — regímenes autoritarios encubiertos, muy volátiles y propensos al expansionismo y la beligerancia, que pueden devenir en Estados fallidos o Estados «canallas» (rogue states) — o el terrorismo.

En Venezuela, sin embargo, se trata de una cuestión de restauración de la democracia y de apoyo a un gobierno amigo (el de Guaidó) que se enfrenta una usurpación (la de Maduro). Luego la postura intervencionista del Partido Popular es más adecuada que el no-intervencionismo por el que aboga el Partido Socialista. Pero el Gobierno en funciones no solo se está equivocando en su posicionamiento aéreo y alejado de la cuestión. El verdadero problema es que con su discurso contradictorio está contribuyendo a agravarlo. A España, que debe llevar la voz cantante en la Unión Europea y en Occidente en lo que se refiere a relaciones con Iberoamérica, se la ve dudando, incapaz de posicionarse y relegándose a sí misma de la cuestión. ¿Las causas? Me aventuro a decir que no está entre las prioridades de un Gobierno más socialista que socialdemócrata el aparecer ante sus futuros socios (Podemos) y ante una parte importante de sus votantes (los que salieron de Podemos) como un aliado de los Estados Unidos de Donald Trump en una cuestión tan delicada como la que existe en Venezuela, que es de debacle humanitaria y pre-guerra civil. En esencia: pesa el prejuicio, puede que hasta el recuerdo de Irak, y Pedro Sánchez considera que basta con mantenerse a a unos pasos de distancia. Pero no puede hacerlo y urge que el Gobierno de España se posicione de forma clara y contundente en contra de Maduro. Con su postura desconsiderada, España pierde la oportunidad de apoyar a un pueblo hermano que ya no soporta ni la crisis humanitaria ni el despotismo.