La última vez que el Gobierno acusó a la Corona de maniobrar en su contra, España fue de cabeza a una revolución. Isabel II fue destronada en 1868 por la Revolución gloriosa con la que diversos militares del Partido Progresista se cobraron una venganza: la reina siempre había favorecido al Partido Moderado; los progresistas apenas conseguían retener el poder cuando lo ganaban y sabían que las intrigas de la soberana estaban detrás. Alberto Garzón, ministro de Consumo, dijo el viernes por la tarde que la situación de la Monarquía es «insostenible». Acusó a la Corona de «maniobrar contra un gobierno democráticamente elegido» y de saltarse de la Constitución, «aplaudida por la extrema derecha».
Alberto Garzón debe ser destituido. La importancia de sus palabras no ha de tomarse a la ligera. Un miembro del Gobierno ha insinuado que el Rey está intentando derribar la democracia. Las razones van más allá de que los jueces hayan gritado «¡Viva el Rey!» en la entrega de despachos de la carrera judicial, más allá de que el Rey haya comunicado al presidente del Consejo General del Poder Judicial el deseo que tenía de asistir a un acto donde desde hacen cuarenta años han estado presentes los reyes de España.
Va mucho más allá de la estrategia que debe tener Garzón para que lo echen del Gobierno y poder regresar triunfal a Izquierda Unida antes de que Iglesias se lo quite. Analicemos, sin embargo, este primer punto. Desde hace tiempo, Podemos pretende fagocitar a IU, sustituyendo a Garzón por un afín a Pablo Iglesias que lleve acabo la fusión de ambos partidos — ahora solamente unidos por una lista electoral (Unidas Podemos). El hombre de confianza de Iglesias en IU es Enrique Santiago, líder del Partido Comunista de España, un hombre que ejerció de asesor jurídico de las FARC durante el proceso de paz de La Habana. Es además es muy cercano a la abogada colombiana Piedad Córdoba, alias «la Negra», vinculada a la guerrilla, el narcotráfico y defensora del chavismo, y forma parte de la siniestra conexión latinoamericana de Podemos. Iglesias pretende usar a Santiago para colocar a Amanda Meyer, hija del histórico comunista Willy Meyer, como marioneta al frente de IU. Tras el ruido de sables que hay en Moncloa sobre una crisis de gobierno, ya se ha escuchado que Iglesias no defenderá la permanencia de Garzón en el Consejo. Las discrepancias entre ambos son máximas. No me extrañaría que las declaraciones terribles del ministro de Consumo hoy sean una provocación: aspira a irse con un portazo, dando un golpe que de paso lo posicione mejor respecto a los suyos en el Partido. «Garzón se fue porque es un republicano de verdad; Iglesias inclina la cabeza ante el Ciudadano Felipe». Ese es el mensaje.
Más allá de la guerra Podemos-IU, Garzón-Iglesias, lo sucedido con el Rey el viernes debe hacer saltar las alarmas. De Historia, Política y Perros siempre se ha caracterizado por la moderación en cuanto al pesimismo. Los lectores saben que este no es un blog donde la crítica al Gobierno venga marcada por una apocalíptica advertencia sobre el fin de la Nación y la llegada del chavismo. Tampoco esperen en este caso que proclamemos el advenimiento de la III República para el lunes. Sin embargo, el veto al Rey en la entrega de los despachos judiciales es parte de una estrategia por parte de la Izquierda para reducir al monarca a la insignificancia y despertar así el debate sobre la utilidad de la Monarquía.
La Justicia se administra en nombre del Rey pero el Rey no acude a entregar los despachos a los nuevos jueces. ¿Y? Ya ha ido el ministro de Justicia, la Fiscal General del Estado y el presidente del Tribunal Supremo. (El presidente del Tribunal Constitucional ha evitado acudir, cosa que, a mi juicio, le honra). Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, no acude semanalmente a despachar con el Rey. Le llama por teléfono, le escribe un SMS. La lista de los ministros en enero se la comunicó por teléfono. ¿Y? La Monarquía traga porque no tiene instrumentos con los que defenderse públicamente, porque en teoría la jefatura del Estado y la jefatura del Ejecutivo han de ser uña y carne, dos mitades de la misma esfera. Sánchez pretende que la desaparición del Rey de la vida institucional cale en la sociedad española con el fin de reabrir el debate monarquía-república que lleva años apagado. Ya usurpó funciones de la Corona organizando él mismo, en La Moncloa, la ronda de consultas postelectoral que corresponde según la Constitución al Rey. Lo próximo será negarle la presencia en la apertura de la legislatura de las Cortes Generales, porque ¿qué más dará? Señalando la inoperancia de la institución monárquica, y de paso sometiéndola a un hostigamiento constante, se logrará crear un clima de república en unos años. Más aún si un ministro acusa a la Corona de maniobrar contra el Gobierno, situándola como enemiga de la democracia, sin que el presidente del Gobierno lo niegue categóricamente —y la única forma de hacerlo es cesando a Garzón.
La intención es crear régimen. No ha de entenderse régimen como «forma de estado» ni de gobierno, sino como conjunto de normas e instituciones. El régimen que impone Pedro Sánchez es el de un desdoblamiento institucional que empozoña el normal funcionamiento de la estructuras de la democracia y que debilita las esencias mismas de la misma. Coloque a una ministra, afiliada al partido del Gobierno, como fiscal general del Estado para, como poco, sembrar la duda sobre las decisiones de la Fiscalía, y cubrirse las espaldas contra varapalos judiciales; conceda a una comunidad autónoma una mesa bilateral, fuera del escrúpulo parlamentario, para encontrar una solución política a la ilegalidad que supone la secesión; plantee la concesión de la gracia a quien quebrantó el orden constitucional, dando entender que la sedición es algo fútil, tal vez ligeramente, pero solo ligeramente, más allá de la legalidad; blanquee a un partido político que no condena la violencia terrorista; fomente el nacionalismo sectario, evidenciándolo como políticamente útil para un grupo minoritario de ciudadanos; refuerce la pinza mediática con la que se incrementa la opacidad tras la que se ejerce el poder; y limite la actividad del Rey con el fin de diluir la esencia constitucional que encarna, de que queden desleídas las fronteras de lo establecido por la norma jurídica; así se crea un régimen propio de las anocracias, los estados en que las instituciones democráticas han quedado vaciadas por dentro, al estilo de Hungría (también, para los optimistas, miembro de la UE y la OTAN). Es hacia lo que la Izquierda pretende encaminar a España y el comentario sin contestación de Garzón (como el de Pablo Iglesias el miércoles en las Cortes, cuando sentenció que la Derecha no volvería jamás al poder) es síntoma de ello.
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