La situación en la que ha quedado la gestión de la pandemia tras decaer el estado de alarma es de inseguridad jurídica, siendo el Gobierno de la Nación el único responsable. Siguiendo el plan de los ministros, son las Comunidades Autónomas las que deben de facto imponer restricciones que luego avalen los tribunales superiores autonómicos. De ser rechazadas estas medidas, se acudiera al Tribunal Supremo que, Carmen Calvo dixit, “ayudará” a que se aprueben.
Lo más sorprendente de todo es que a nadie se le escapa que las Comunidades Autónomas no tienen facultades para restringir derechos fundamentales como el de circulación (toque de queda, cierres perimetrales). El propio ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, así lo considera también. Luego se insta a las autonomías a optar por una prevaricación fáctica a la espera de que los tribunales las censuren. El plan es que para cuando los tribunales se pronuncien sobre las arbitrariedades de las autonomías, estas restricciones ya habrán dado algún fruto. Misma lógica que con ese estado de alarma prolongado seis meses a pesar de que la ley orgánica que lo regula establezca que se deba prorrogar por periodos de quince días: para cuando se pronuncie el tribunal competente (en este caso el Constitucional) estaremos a otra cosa. Largo me lo fiáis.
Pero es que el desgobierno al que se ha consagrado el Gobierno de la Nación — no hay otra forma de describirlo — ha supuesto el traspaso de la última línea roja por parte de Pedro Sánchez. Esto ya no son tretas marrulleras de aspirante a algo para mantener el poder: es una abierta dejación de funciones, una negativa a gobernar, en un momento en el que la salud pública sigue en juego. La prueba de que este momento es distinto está en que los aliados tradicionales, el PNV, Esquerra, Compromís y Junts y PdeCat están a punto de darle la espalda al Gobierno por su negligencia.
Pablo Casado tiene una enorme oportunidad y es de esperar que tenga a sus juristas trabajando en ello. Después del éxito de Ayuso, que más le valdría a Teodoro García Egea dejar de repetir que es de su jefe, vaya a ser que se gafe, el PP puede presentarse como verdadera alternativa al PSOE aunando a todos los grupos discordes para la aprobación de una ley de pandemias. Se vería a la oposición actuando como Legislativo para demostrar que está capacitada de desbancar a un Ejecutivo estéril y abiertamente favorecedor de la inseguridad jurídica. El momento puede venderse (porque es la verdad) como uno de imperiosa necesidad de Estado, de pragmatismo no ideológico. El PP debe presentar en el Congreso una propuesta de ley que venga consensuada y que reciba el apoyo de Vox, PNV, el Grupo Plural (Más País, PdeCat, Compromis) y Cs. El objetivo tiene que ser demostrar la soledad del Gobierno de Pedro Sánchez, su incapacidad para gestionar algo más allá de la propaganda sectaria.
El PP se presenta como alternativa de gobierno, que lo es, como partido de Estado, pero ahora tiene la oportunidad de demostrarlo. Es el momento de dejar la guerra de dogmatismos y los vaivenes ideológicos: se invoca el espíritu gestor para demostrar valía ante los electores, pero este es el momento que el PP tiene para recordarse a sí mismo que tiene algo más que discurso. Y más aún: es el momento de Pablo Casado. El rédito político a obtener de ser capaz de romper los bloques derecha-izquierda, de liderar a toda la Oposición en un proyecto de ley que sirva al bien común, sería incalculable. Casado cree tener fuerza en el área de la gestión y es cierto que el PP la tiene. Es él el que todavía carece de ella pues nunca ha ostentado responsabilidad administrativa. Esta es su prueba de fuego, especialmente ahora que las encuestas empiezan a señalarlo como plausible competidor por la presidencia del Gobierno.
Debe ser inteligente y mirar más allá, pensar en los beneficios que puede traer al país un marco jurídico unificado para la lucha contra la Covid, además del crédito a obtener si es el PP el que lidera lo que el Gobierno no puede. Demostrará que en un momento de irresponsabilidad máxima por parte de Pedro Sánchez, el PP defiende los intereses generales. Desde el primer uno de la XIV legislatura se enfatizó el hecho de que vendría caracterizada por la fuerte polarización entre bloques. Parece que la campaña de Madrid ha contribuido a reforzar esa día. Qué golpe en la mesa, qué desbaratamiento del tablero sería que Casado en el momento de mayor debilidad de Sánchez, incapaz de gestionar la crisis, abanderase la ruptura de los bloques para la aprobación de una ley que el PSOE en su fatuidad se negó a siquiera considerar. Es una oportunidad para ellos y una necesidad para el conjunto de España.
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